La Casa Rosada acusó a Thales UK Limited de realizar operaciones entre las islas y Punta Arenas sin autorización argentina. También intimó al Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.
El Gobierno de Javier Milei anunció nuevas medidas en el marco de la disputa por las Islas Malvinas y denunció que la empresa británica Thales UK Limited realizó vuelos entre el archipiélago y Punta Arenas, Chile, sin autorización de las autoridades argentinas. A partir de esa situación, ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la compañía.
Según informó la Casa Rosada, las operaciones fueron realizadas con una aeronave de matrícula británica. El Ejecutivo instruyó además a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para avanzar con las gestiones diplomáticas correspondientes y determinar las medidas que podrían aplicarse.
La decisión se conoció en paralelo con una nueva ofensiva diplomática por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno intimó al Reino Unido a impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion.
El Gobierno prepara una presentación internacional
La Casa Rosada también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El objetivo planteado por el Gobierno es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y solicitar medidas para preservar los derechos que la Argentina sostiene sobre su plataforma continental. Si el Reino Unido no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, el Ejecutivo anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La ofensiva se suma a las medidas que el Gobierno viene impulsando contra empresas vinculadas con el desarrollo de Sea Lion. En septiembre, la Cancillería había informado el inicio de procedimientos administrativos y denuncias penales contra compañías relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.
En ese marco, el Ejecutivo busca avanzar por la vía diplomática, administrativa y judicial para cuestionar las actividades británicas en el área, mientras mantiene el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.
