La presentación penal alcanzará a compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion y a sus autoridades. La administración de Javier Milei sostiene que realizaron actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa.
El Gobierno de Javier Milei avanzará con una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se fundamentará en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes realicen este tipo de actividades en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
Según informó Infobae, la denuncia será presentada ante la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Las compañías alcanzadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
De acuerdo con la información oficial, tres de esas firmas -Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.- habrían obtenido permisos del Reino Unido para realizar tareas de exploración y extracción de hidrocarburos en el marco del proyecto Sea Lion.
Para la administración nacional, esas autorizaciones vulneran la legislación argentina debido a que las actividades se desarrollan en una zona sobre la que el país mantiene un reclamo de soberanía.
La presentación no se limitará a las sociedades comerciales. El Gobierno también buscará responsabilizar a directores, gerentes, síndicos, administradores, representantes y otras personas que pudieran haber intervenido en las operaciones cuestionadas.
Una respuesta contra el proyecto Sea Lion
La ofensiva judicial se suma a los procedimientos sancionatorios que la Cancillería había anunciado días atrás contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas. La intención oficial es frenar el avance de proyectos que considera ilegítimos por desarrollarse sin autorización argentina.
El caso de mayor relevancia es Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y operado por Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, junto con Rockhopper Exploration, que controla el 35%.
El yacimiento fue descubierto en 2010 y se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas, a unos 450 metros de profundidad. A fines de 2025, las compañías tomaron la decisión final de inversión para su primera etapa, luego de completar las evaluaciones técnicas, económicas y financieras.
La Cancillería argentina ya había cuestionado esa decisión y señalado que las empresas operaban sin permisos otorgados por las autoridades nacionales. También sostuvo que la explotación unilateral de recursos en una zona alcanzada por la disputa contradice resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Gobierno también apunta a reforzar la presencia argentina
La decisión judicial forma parte de un paquete de medidas anunciado por Milei para profundizar el reclamo argentino por las Islas. En paralelo, el Presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos relacionados con la seguridad nacional.
La iniciativa deberá ser enviada al Congreso el 15 de septiembre y, según informó el Gobierno, tendrá entre sus objetivos fortalecer la protección de los intereses soberanos argentinos.
Desde la administración libertaria sostienen que la Argentina debe responder con herramientas legales, diplomáticas y económicas al avance británico sobre los recursos naturales de las Islas. En ese sentido, la denuncia penal contra las empresas involucradas constituye uno de los principales pasos concretos anunciados en los últimos días.
