El oficialismo y la oposición aprobaron sin debate una autorización que puede llevar el gasto de San Miguel de Tucumán de $349.783 millones a $402.250 millones. El argumento fue la inflación, pero la decisión vuelve a poner bajo la lupa el tamaño del presupuesto municipal y el margen de discrecionalidad que tendrá el Ejecutivo. Mientras tanto, el Presupuesto Participativo de los vecinos fue recortado en más de un 50%.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán volvió a abrirle la puerta al aumento del gasto público. En una sesión marcada por la ausencia de debate sobre uno de los puntos más importantes, los concejales aprobaron por unanimidad una autorización para que el Departamento Ejecutivo incremente hasta un 15% el presupuesto municipal vigente.
En números concretos, la Municipalidad podría disponer de $52.467 millones adicionales, llevando el presupuesto de $349.783 millones a un techo de $402.250 millones. Todo esto sin necesidad de regresar al recinto para discutir y votar partida por partida.
La explicación oficial fue la inflación. Sin embargo, el dato que genera cuestionamientos es otro: el municipio ya contaba con un presupuesto que había sido presentado como austero y ahora obtiene una autorización extraordinaria de más de $52.000 millones.
Más margen para gastar, menos margen para los vecinos
La paradoja quedó expuesta en la misma sesión. Mientras el Ejecutivo recibió luz verde para ampliar sus recursos en hasta $52.467 millones, el Concejo modificó las reglas del Presupuesto Participativo, reduciendo considerablemente los fondos que los vecinos podrán definir directamente.
La nueva fórmula hace que el primer año del programa pase de unos $8.745 millones a $4.069 millones, una caída del 53,5%. En otras palabras, mientras el Ejecutivo gana margen para administrar millones adicionales, el mecanismo mediante el cual los vecinos deciden qué obras quieren para sus barrios pierde más de la mitad de su base de cálculo.
Y hay una comparación difícil de ignorar: los $52.467 millones adicionales que podría manejar el Ejecutivo equivalen a más de seis veces los $8.700 millones que el municipio afirma haber destinado este año al Presupuesto Participativo.
Una Municipalidad que ya gasta una fortuna en residuos
El problema no termina en la ampliación presupuestaria. La estructura del gasto municipal ya genera interrogantes por el peso que tiene la gestión de residuos.
El Presupuesto 2026 contempla aproximadamente $110.000 millones para residuos, lo que representa el 31,5% de todo el presupuesto municipal. Es decir, prácticamente uno de cada tres pesos de las cuentas de la Capital tucumana está vinculado a este servicio.
Según la comparación incluida en el informe, esa proporción supera ampliamente los porcentajes registrados como referencia en otros municipios argentinos. El gasto representa unos $15.528 por habitante por mes.
La pregunta, entonces, es inevitable: si el municipio ya destina casi un tercio de sus recursos a los residuos, ¿por qué necesita seguir expandiendo el gasto sin una discusión detallada sobre las prioridades?
De la austeridad a otros $52.000 millones
La autorización resulta todavía más llamativa porque el presupuesto original fue aprobado el 18 de diciembre de 2025 bajo un discurso de austeridad.
Nueve meses después, el mismo presupuesto puede crecer en otros $52.467 millones.
No se trata solamente de actualizar una cifra frente a la inflación. El punto político es cuánto más podrá gastar el Ejecutivo y con qué controles. La autorización aprobada permite ampliar el margen de maniobra del Departamento Ejecutivo sin que cada modificación tenga que volver a ser discutida públicamente por los concejales.
En paralelo, los vecinos que participarán de la elección de obras para 2027 se encontrarán con una fórmula de financiamiento que fue modificada apenas semanas antes de la votación.
El debate que quedó pendiente
La discusión de fondo excede la cuestión técnica de si se trata de una “ampliación” o una “actualización”. El resultado concreto es que la Municipalidad podrá gastar hasta $402.250 millones.
La pregunta que queda abierta es si el problema de las cuentas municipales se resuelve aumentando permanentemente el techo de gasto o si corresponde revisar primero la eficiencia, las prioridades y el destino de los recursos que ya administra el municipio.
Porque mientras el Ejecutivo recibe una autorización de $52.467 millones adicionales, el vecino recibe menos capacidad para decidir sobre las obras de su propia ciudad.
Más presupuesto para la política, menos presupuesto participativo para los vecinos: esa es la ecuación que dejó la última sesión del Concejo Deliberante.
