El Gobierno provincial autorizó una asistencia financiera reintegrable para que la Municipalidad de Yerba Buena pueda afrontar principalmente el pago de los salarios de julio. El decreto fue firmado el 6 de agosto y publicado en el Boletín Oficial el 20. El dato cobra relevancia política porque se conoció después de que el intendente Pablo Macchiarola, aliado de Mariano Campero, avanzara contra Lisandro Catalán.
Un millonario desembolso del Gobierno de Tucumán vuelve a quedar bajo la lupa por su oportunidad política. La gestión de Osvaldo Jaldo autorizó una asistencia financiera reintegrable de hasta $1.751.378.543,69 para la Municipalidad de Yerba Buena, conducida por el intendente Pablo Macchiarola, con el objetivo principal de garantizar el pago de los haberes correspondientes a julio de 2026.
La medida quedó establecida mediante el Decreto N° 1.799/3 (SH), firmado el 6 de agosto de 2026 y publicado posteriormente en el Boletín Oficial. Según el documento, los fondos serán otorgados con cargo a Rentas Generales y canalizados a través de la cuenta fiduciaria de la Municipalidad de Yerba Buena, con la Caja Popular de Ahorros como agente fiduciario.
El dato adquiere una particular dimensión política debido al contexto en el que se produjo. La asistencia fue autorizada después de que Mariano Campero, dirigente de Yerba Buena y referente político vinculado a ese espacio, presentara una denuncia contra Lisandro Catalán, el principal dirigente de La Libertad Avanza en Tucumán. La coincidencia temporal alimentó cuestionamientos y abrió interrogantes sobre la relación entre el oficialismo provincial y sectores opositores que, en otros escenarios, mantienen fuertes diferencias con el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no establece ninguna relación entre la asistencia financiera y la denuncia contra Catalán. Formalmente, el auxilio económico se encuadra en la Ley N° 8.829 y en el Acuerdo Fiscal Municipal 2026, y tiene como finalidad atender obligaciones salariales. Por tratarse de una asistencia reintegrable, la Municipalidad deberá devolver los fondos conforme a las condiciones establecidas.
Un municipio que necesita auxilio provincial
El desembolso también pone nuevamente en discusión la situación financiera de Yerba Buena. La asistencia fue solicitada para garantizar principalmente el pago de los salarios municipales de julio, pese a que la administración de la ciudad suele presentarse como una de las gestiones municipales más ordenadas de la provincia.
Desde sectores críticos de la gestión de Macchiarola cuestionaron que una administración que se presenta como “ejemplar” deba recurrir al Tesoro provincial para afrontar una obligación básica como el pago de haberes.
La decisión de Jaldo, además, genera una discusión sobre el manejo de los recursos provinciales: el Gobierno deberá transferir hasta $1.751 millones de Rentas Generales para asistir financieramente a un municipio que no logró afrontar por sus propios medios el pago de los salarios correspondientes al mes anterior.
La coincidencia que despierta sospechas políticas
La cercanía temporal entre ambos acontecimientos es el principal elemento que alimenta las críticas políticas. Por un lado, dirigentes vinculados a Yerba Buena avanzaron judicialmente contra el Presidente de La Libertad Avanza; por otro, el Gobierno de Jaldo autorizó una asistencia extraordinaria de más de $1.700 millones para la Municipalidad.
La documentación oficial permite confirmar el monto, el destino y la fecha del decreto, pero no permite afirmar por sí sola que exista un vínculo causal entre ambos hechos.
Lo que sí resulta evidente es que el episodio vuelve a poner en discusión las relaciones políticas dentro de Tucumán y, particularmente, los movimientos de sectores que mantienen vínculos con el oficialismo provincial mientras buscan posicionarse frente al crecimiento de La Libertad Avanza.
En ese escenario, la asistencia millonaria a Yerba Buena abre una pregunta política inevitable: ¿se trata simplemente de un auxilio financiero previsto dentro del esquema fiscal de los municipios o de una coincidencia que merece ser explicada políticamente? La respuesta dependerá de la información que puedan aportar tanto el Gobierno provincial como la administración municipal sobre el pedido, las condiciones del préstamo y su efectiva utilización.
