En el marco de los controles preventivos que se realizan en los ingresos a la provincia, efectivos de la Dirección General de Unidades Especiales detectaron y secuestraron cuatro vehículos que registraban pedidos de secuestro vigentes emitidos por distintas autoridades judiciales del país. Los procedimientos se desarrollaron durante una misma jornada en los destacamentos de Río Huacra, Cabo Ramón Valentín Jiménez y Colalao del Valle.
Uno de los casos ocurrió en el Destacamento Río Huacra, donde el personal interceptó un Audi A4 2.0 que ingresaba desde Mendoza. Tras consultar el dominio en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se comprobó que el automóvil tenía un doble pedido de secuestro solicitado por la Policía de Mendoza desde marzo de 2023. Por disposición de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción, el vehículo quedó secuestrado.
En otro operativo, realizado en el Destacamento Fronterizo Cabo Ramón Valentín Jiménez, los uniformados controlaron una Ford Ranger sobre la que pesaba un pedido de secuestro vigente vinculado a una causa tramitada en la Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 1 del Centro Judicial Capital. La Justicia ordenó su retención preventiva mientras se define su situación.
También en Río Huacra fue detectada una Toyota Hilux con un requerimiento judicial emitido por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos N° 1 de Santa Fe, en una causa iniciada en noviembre de 2024. La Fiscalía dispuso la retención del rodado, la verificación de la documentación presentada por el conductor y el envío de las actuaciones correspondientes.
El procedimiento de mayor complejidad se concretó en el Destacamento Fronterizo Colalao del Valle. Allí, los efectivos inspeccionaron una Toyota SW4 que era transportada sobre un tráiler y detectaron presuntas irregularidades en la cédula de identificación y diferencias entre el número de chasis físico y el obtenido mediante un escáner especializado.
Tras verificar los datos, se estableció que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente en una causa por hurto agravado de automotores investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de Buenos Aires. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros ordenó el secuestro de la camioneta y de la documentación presentada, mientras avanza una investigación por la presunta falsificación de documentos y la posible adulteración de los identificadores del rodado.
Desde la fuerza señalaron que los cuatro procedimientos fueron posibles gracias a los controles reforzados del Operativo Lapacho 2026 y al uso del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que permitió detectar los requerimientos judiciales vigentes sobre los vehículos inspeccionados.
