El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó una reforma legal que endurece el sistema penal y habilita la aplicación de cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años en casos de delitos graves como homicidio, violación o terrorismo.
La medida, impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso, representa un cambio profundo en el tratamiento judicial de menores, ya que elimina gran parte de los regímenes especiales que establecían diferencias respecto de los adultos. Según el Gobierno, el objetivo es cerrar vacíos legales que eran aprovechados por organizaciones criminales para reclutar menores con menor riesgo de sanción.
La reforma se inscribe en la política de seguridad que la administración de Bukele impulsa desde 2022, en el marco de su estrategia de combate frontal contra las pandillas. Bajo este enfoque, el Ejecutivo prioriza el orden público y la seguridad ciudadana frente al crimen organizado, que durante años condicionó la vida cotidiana en el país.
Desde el oficialismo sostienen que el endurecimiento de penas responde a una demanda social concreta: terminar con la impunidad en delitos violentos, independientemente de la edad de los responsables. En esa línea, Bukele ha defendido la iniciativa argumentando que el sistema anterior permitía que menores involucrados en hechos graves evitaran sanciones proporcionales.
Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos de organismos internacionales y sectores vinculados a los derechos humanos, que advierten sobre el impacto de estas medidas en el sistema de protección de la niñez.
A pesar de las críticas, la política de seguridad del gobierno salvadoreño mantiene altos niveles de apoyo interno, en gran parte debido a la fuerte caída de los índices de criminalidad registrada en los últimos años.
Con esta reforma, El Salvador profundiza un modelo de seguridad basado en el castigo severo y la disuasión, consolidando una de las estrategias más estrictas de la región frente al delito organizado.
