El crimen ocurrido en la Costanera de San Miguel de Tucumán expuso una grave falla en el sistema judicial: el principal acusado del homicidio debía cumplir arresto domiciliario, pero no tenía ningún tipo de control.
El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando Cristian Esteban Cardozo, de 34 años, fue asesinado de al menos cuatro disparos en plena vía pública, en medio de lo que se investiga como una disputa vinculada al narcomenudeo.
Por el homicidio fue detenido Víctor Gabriel Autalán, de 29 años, quien ya contaba con antecedentes por delitos relacionados con drogas. Lo más alarmante del caso es que el acusado debía estar cumpliendo arresto domiciliario por una causa previa, pero no tenía tobillera electrónica ni custodia policial, lo que le permitió moverse libremente.
Según la investigación, tras el ataque el sospechoso se dio a la fuga, aunque fue detenido poco después por personal policial. Incluso, al momento de su arresto llevaba consigo el arma que habría utilizado en el crimen.
La Justicia dispuso ahora cuatro meses de prisión preventiva mientras avanza la causa. Sin embargo, el caso generó fuerte preocupación, ya que pone en evidencia fallas en los mecanismos de control sobre personas con arresto domiciliario.
El episodio no solo reaviva el debate sobre la inseguridad en la provincia, sino también sobre la efectividad de las medidas judiciales en casos vinculados al narcotráfico, donde los antecedentes y el riesgo de reincidencia son factores clave.
