La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso la suspensión de las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que beneficia momentáneamente a la Argentina al frenar los procesos en curso hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El fallo implica la interrupción inmediata del proceso de discovery posterior a la sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito. Asimismo, el tribunal hizo lugar al pedido presentado por el Estado argentino el pasado 6 de marzo de 2026, lo que incluye la suspensión de audiencias vinculadas al acceso a dispositivos y cuentas personales de funcionarios.
Desde el Gobierno encabezado por Javier Milei calificaron la medida como un “hito histórico” en la defensa del país en un litigio que lleva más de una década. A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente señaló que la resolución refleja “sólidos fundamentos jurídicos” en la posición argentina y destacó el trabajo coordinado de distintas áreas del Estado, entre ellas la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Justicia y la Cancillería.
El conflicto judicial se remonta a la expropiación de la petrolera en 2012 y ha representado un significativo costo económico y reputacional para la Argentina. En este contexto, la suspensión de los procesos es interpretada como un avance en la estrategia legal del país, que busca revertir fallos adversos y limitar eventuales sanciones económicas.
En paralelo, el escenario internacional también aparece como un factor relevante. La sintonía política entre la administración de Milei y el liderazgo estadounidense, particularmente con el ex presidente Donald Trump, es señalada por analistas como un elemento que podría contribuir a un clima más favorable para la Argentina en instancias judiciales y diplomáticas. Si bien la decisión corresponde al ámbito judicial, el respaldo del gobierno de Estados Unidos en distintos tramos del proceso refuerza esa percepción.
Por último, desde el Ejecutivo aseguraron que continuarán utilizando “todas las herramientas jurídicas disponibles” para sostener la defensa del país y resguardar los intereses nacionales, a la espera de la resolución definitiva del caso.
