La situación de Nahuel Gallo, suboficial de Gendarmería Nacional Argentina, continúa generando preocupación a nivel diplomático y en organismos de derechos humanos, al cumplirse un año y un mes de su detención en Venezuela. El gendarme permanece recluido en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I, un establecimiento señalado por funcionar bajo control militar y por albergar a presos políticos del régimen venezolano.
Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando ingresaba a Venezuela con fines estrictamente familiares, durante sus vacaciones, para reencontrarse con su pareja y su hijo. Según denunciaron su familia y el Gobierno argentino, fue interceptado en un puesto migratorio bajo acusaciones de espionaje, sin que hasta el momento se haya presentado una imputación formal ni se hayan respetado las garantías judiciales y consulares previstas por el derecho internacional.
El caso cobró relevancia internacional en el marco de la crisis política y de derechos humanos que atraviesa Venezuela, profundizada tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y las recientes maniobras militares encabezadas por Estados Unidos, que apuntaron a desarticular estructuras del poder chavista y avanzar en la liberación de presos políticos. En ese contexto, autoridades venezolanas deslizaron la posibilidad de liberar a un número significativo de detenidos arbitrariamente, lo que renovó las expectativas sobre la situación del gendarme argentino.
Gallo se encuentra detenido en El Rodeo I, una cárcel señalada por organizaciones internacionales como un enclave militar encubierto, utilizada para alojar a opositores, extranjeros y personas consideradas “sensibles” por el régimen. La Argentina denunció el caso como una desaparición forzada, ante la falta prolongada de información oficial sobre su paradero y estado de salud.
En las últimas semanas, el testimonio de Iván Colmenares, un ciudadano colombiano que compartió celda con Gallo, aportó detalles sobre las condiciones de detención. Según su relato, los internos eran sometidos a tratos violentos, aislamiento, coacciones y presiones constantes, sin acceso regular a comunicaciones con sus familias ni asistencia legal independiente.
Desde el inicio del caso, el presidente Javier Milei mantuvo una postura pública firme contra la dictadura venezolana y reclamó la liberación inmediata de Gallo, en línea con su posicionamiento internacional de respaldo a Estados Unidos y al presidente Donald Trump. Milei ha reiterado su condena a los regímenes autoritarios de la región y su apoyo a las acciones destinadas a restaurar el orden democrático y el respeto por los derechos humanos en Venezuela.
La familia del gendarme, junto con autoridades argentinas, continúa impulsando gestiones ante organismos internacionales y foros multilaterales para exigir su liberación. Mientras tanto, el caso de Nahuel Gallo se consolidó como un símbolo de la situación de los presos políticos en Venezuela y de la crisis diplomática entre ambos países, a la espera de una resolución que permita su regreso a la Argentina.
