El Gobierno de Javier Milei ha decidido poner fin a décadas de descontrol fronterizo y laxitud en materia de migraciones, una política de “puertas abiertas” que el kirchnerismo utilizó para fomentar el ingreso de delincuentes e irregulares bajo la excusa ideológica de la “Patria Grande”. En un giro de 180 grados hacia el orden y la seguridad, el Ejecutivo prepara un decreto para transformar integralmente la Dirección Nacional de Migraciones.
La iniciativa, alineada con el modelo de control fronterizo de Estados Unidos, es drástica y fundamental: busca otorgar al organismo, hasta ahora un ente meramente administrativo y burocrático, nuevas y robustas capacidades operativas.
El núcleo de la reforma es la creación de una policía interna con facultades de detención en los puntos de ingreso al país, sean aéreos, terrestres o fluviales.
El objetivo de la administración libertaria es claro y contundente: esta futura estructura intervendrá directamente en los procesos de deportación de inmigrantes que posean antecedentes penales, alertas internacionales o que presenten irregularidades migratorias. Se busca terminar con la impunidad de quienes, amparados por la desidia garantista del Estado anterior, elegían Argentina para delinquir.
Fuentes oficiales aclararon que no se busca crear una nueva fuerza federal, sino un cuerpo especializado que funcione de manera complementaria y sin superposición de tareas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pero con el poder de actuar in situ y ejecutar las detenciones.
Este giro estratégico no es una medida aislada, sino parte del realineamiento de Argentina con el mundo libre. “Forma parte de lo que venimos hablando con el Homeland Security”, revelaron fuentes del Gobierno a TN.
La reforma es una consecuencia directa del acuerdo de entendimiento firmado por el presidente Javier Milei en julio, durante la visita de la funcionaria estadounidense Kristi Noem. Este es un paso clave para la eventual incorporación de Argentina al Programa Visa Waiver (exención de visa para EE.UU.). Para que los argentinos puedan viajar sin visa, el país debe demostrar que tiene un control fronterizo serio, algo que el kirchnerismo destruyó sistemáticamente.
El Gobierno de Milei observa de cerca los organismos estadounidenses como modelo. Entre ellos se destacan los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), enfocados en trámites; Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el brazo responsable de las detenciones e investigaciones por violaciones migratorias; y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que concentra el control de ingresos y opera la Patrulla Fronteriza.
Esta transformación se inscribe en una reforma mucho más amplia de las fuerzas de seguridad, que busca profesionalizarlas y desideologizarlas. En julio, el Gobierno ya había reformado la estructura de las cuatro fuerzas federales, redefiniendo sus misiones y jerarquías, también basándose en agencias estadounidenses como la Guardia Nacional (NGUS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera (USCG).
En ese mismo paquete, la Policía Federal Argentina fue reconvertida en un cuerpo de investigación de elite, con una lógica similar al FBI, mediante la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). La PSA, por su parte, también amplió sus competencias en inteligencia criminal.
Esta nueva policía migratoria se complementará con el decreto de reforma migratoria que el Gobierno ya implementó en mayo. En esa instancia, se puso fin al “turismo de salud” y al abuso de la educación pública por parte de extranjeros irregulares, endureciendo los criterios de residencia y agilizando drásticamente los procedimientos de deportación.
Ese decreto de mayo ya había limitado la validez de la “residencia precaria” —un sistema del que se abusaba—, instauró declaraciones juradas obligatorias y habilitó rechazos en frontera con prohibiciones de reingreso que no podrán ser inferiores a cinco años.
Con el nuevo decreto en preparación, la administración libertaria consolida una política migratoria basada en el orden, la ley y la reciprocidad, dotando al Estado de las herramientas operativas necesarias para controlar quién entra y quién sale del país.
