El exsecretario de Ingresos Municipales de San Miguel de Tucumán, Claudio Viña, enfrenta una causa judicial por presuntas defraudaciones agravadas contra la administración pública. La investigación se originó a partir de una auditoría realizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reveló severas irregularidades en la gestión municipal encabezada por Germán Alfaro.
El expediente, identificado como N° 41/2023 y radicado en la Fiscalía de Instrucción de Homicidios y Delitos Complejos – Secretaría de Delitos Complejos, investiga supuestas maniobras administrativas y financieras cometidas durante la gestión alfarista. La denuncia fue presentada por el abogado Rodolfo César Romano y recayó en el Centro Judicial Capital.
Según el informe de la UBA, encargado por la actual administración municipal, la gestión anterior dejó un déficit operativo de más de $3.700 millones, una deuda total de $4.151 millones y apenas $388 millones en caja al momento del traspaso. También se detectaron residuos pasivos no informados por más de $1.200 millones, y pagos al Consorcio de Gestión de la Basura por $8.500 millones, de los cuales sólo el 21% se vinculaba con la recolección efectiva de residuos. El 79% restante se habría destinado a “tareas adicionales” sin respaldo documental.
El informe destaca además “severas debilidades en la Dirección de Ingresos Municipales”, área que durante la intendencia de Alfaro estuvo bajo la conducción directa de Viña. En esa dependencia, según los auditores, se detectaron inconsistencias en la recaudación y falta de control interno.
La auditoría también dejó al descubierto un deterioro del parque automotor municipal, con el 42% de los vehículos fuera de funcionamiento, el 15% en condiciones de irrecuperabilidad y el 10% desaparecido. A esto se suma un diagnóstico crítico en materia de personal: la mitad de los empleados no cumplía funciones efectivas, lo que reflejaría una estructura sobredimensionada y poco eficiente.
La situación judicial del exfuncionario vuelve a poner en el centro del debate público la herencia administrativa de la gestión alfarista.
Mientras la investigación continúa en sede judicial, desde el entorno de Viña evitaron declaraciones. Tanto la auditoría de la UBA como el expediente penal mantienen abierto un capítulo sensible para el espacio de Roberto Sánchez en plena campaña electoral.
