El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentaron un nuevo proyecto de reforma del Código Penal que será remitido al Congreso de la Nación.
“Necesitamos tolerancia cero y penas más duras”, expresó el mandatario durante su discurso frente al Complejo Penitenciario de Ezeiza. Además, señaló: “La sociedad me pidió terminar con el flagelo de la inseguridad. Dentro de la ley terminamos con los piquetes, fuimos contra el narcotráfico, reequipamos a las fuerzas y bajamos la tasa de homicidios a nivel nacional”.
En esa línea, agregó: “Para que la gente esté de nuevo segura, necesitamos cambiar el sistema de fondos, porque años de garantismo se encargó de atarles las manos a las fuerzas, jueces y fiscales, mientras le daban vía libre a los delincuentes”.
La propuesta de reforma del Código Penal que el Gobierno de Milei presentó al Congreso establece un esquema de tolerancia cero frente al delito, con medidas que incluyen el endurecimiento generalizado de las penas, la eliminación de beneficios para condenados y la aceleración de los procesos judiciales a través de la aplicación plena del sistema acusatorio.
El proyecto contempla un aumento de las escalas penales, tanto en los límites mínimos como máximos, la incorporación de agravantes específicos y la tipificación de nuevas formas de criminalidad.
La reforma del Código Penal
Entre los principales cambios propuestos en materia de penas se destacan:
- Homicidio simple: pasa de 8-25 a 10-30 años de prisión.
- Homicidio agravado: mantiene la prisión perpetua, pero suma circunstancias como víctimas menores, adultos mayores, funcionarios públicos, crímenes en espacios concurridos o cometidos por organizaciones.
- Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.
- Lesiones por conducción imprudente: de 1-3 años y 2-4 años (según el caso) a 2-6 y 3-6 años, respectivamente.
- Abuso de armas: disparos sin herir, hasta 6 años; agresiones sin lesiones, de 1 a 3 años.
- Omisión de auxilio: de simple multa pasa a 1-6 años de prisión; en casos agravados, de 2-8 años si la víctima es menor de 13 o mayor de 65 años.
- Injurias: de multa a 1-3 años; agravadas, de 2 a 6 años.
- Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4.
- Posesión de pornografía infantil con fines de distribución: de 6 meses-2 años a 3-12 años.
- Privación ilegal de la libertad: de 6 meses-3 años a 1-4 años.
- Trata de personas: el máximo pasa de 8 a 10 años; en casos agravados, de 5-10 a 6-15 años.
- Amenazas: hasta 8 años si media el uso de armas o el anonimato, y hasta 10 años si buscan forzar una conducta.
- Hurto: de 1 mes-2 años a 1-3 años.
- Robo: simple con fuerza, de 1 mes-6 años a 3-8 años; con violencia, hasta 10 años; se crean figuras específicas para robos en la vía pública y realizados por “motochorros”.
- Estafa: de 1 mes-6 años a 1-8 años, más multa.
- Usurpación: de 6 meses-3 años a 3-10 años, con multa; en casos agravados, hasta 12 años.
- Agresiones en manifestaciones: de 2 a 5 años; si la víctima es un funcionario o un miembro de las fuerzas de seguridad, de 3 a 9 años.
- Tenencia y portación ilegal de armas: subas de penas y multas más severas.
- Falso testimonio y cohecho: incremento de sanciones, con agravantes para funcionarios de alto rango.
Un apartado especial se dedica a la responsabilidad penal juvenil, donde se establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El fundamento es que los adolescentes ya comprenden la ilicitud de sus actos y que la legislación actual facilita su incorporación por organizaciones delictivas.
