La causa que involucra a exfuncionarios y allegados al exintendente Peronista Luis “Pato” Campos pasó al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán. El juez Díaz Vélez investigará asociación ilícita, lavado de activos, narcotráfico y atentado contra el orden público.
La causa Alberdi dio un giro decisivo tras la resolución que trasladó el expediente a la órbita de la Justicia Federal. El juez José Manuel Díaz Vélez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, asumió la investigación que apunta a una presunta red criminal en Juan Bautista Alberdi, con exfuncionarios y allegados al exintendente Luis “Pato” Campos entre los acusados.
La decisión se tomó luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente por la gravedad y naturaleza de los delitos investigados, que incluyen narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita.
El origen del caso se remonta a un audio viralizado en redes, en el que Campos conversa con el empresario Roque “Chipi” Giménez. En el material, se habla de presunto control sobre la Policía y el narcotráfico, mientras Giménez acusa al exintendente de connivencia con bandas delictivas y le reclama pagos millonarios. La filtración derivó en allanamientos, detenciones y en la intervención del municipio por orden del gobernador Osvaldo Jaldo.
Tras el dictamen del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que calificó la trama como “netamente federal”, Díaz Vélez definió cuatro ejes de investigación:
1. Asociación ilícita: presunta estructura destinada a direccionar obras públicas y manejar irregularmente fondos municipales. Giménez habría cobrado cerca de $500 millones por trabajos de ejecución dudosa y $28 millones por eventos, además de transferencias a una imprenta vinculada al secretario de Hacienda, José Roldán. También están implicados Albano Loru, Pablo Barrionuevo y José Ignacio Fúnez, con Campos acusado de encubrir las maniobras.
2. Lavado de activos: contratos millonarios, pagos por espectáculos y alquileres de vehículos habrían servido para blanquear dinero ilícito.
3. Narcotráfico: indicios de transporte y comercialización de estupefacientes respaldados por el audio y el secuestro previo de cocaína en otro expediente.
4. Atentado contra el orden público: Giménez imputado en concurso con instigación a cometer ilícitos; Campos, por encubrimiento.
Entre las pruebas reunidas figuran el audio viral, documentación municipal, celulares, un DVR con grabaciones y una nota manuscrita incautada. El juez ratificó las prisiones preventivas dictadas en el fuero provincial: Giménez seguirá detenido seis meses; Roldán, Loru y Barrionuevo, dos meses; y Fúnez quedó en libertad con restricciones.
Díaz Vélez dejó fuera de su competencia el tramo sobre presunta malversación de fondos provinciales, que seguirá investigándose en la Justicia local. Así, la Justicia Federal se enfocará en los delitos de mayor alcance nacional, con un listado de imputados que incluye también a la legisladora provincial Sandra Beatriz Figueroa, esposa de Campos.
La causa avanza con alto impacto político en el sur tucumano, donde el escándalo mezcla denuncias de corrupción, narcotráfico y abuso de poder.
