Finalmente, la Justicia empieza a hacer lo que durante años evitó por presión política, complicidad o miedo: avanzar contra Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal N°2 le dio cinco días hábiles para presentarse en Comodoro Py, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron su detención inmediata en la causa por corrupción conocida como “Vialidad”.
Sí, leíste bien. Cristina, la jefa del esquema de poder más corrupto de las últimas décadas, está cada vez más cerca de enfrentar las consecuencias. La misma que se escondía detrás de los fueros, que hablaba de lawfare para victimizarse, y que señalaba periodistas y jueces como parte de una conspiración, ahora deberá dar explicaciones en persona ante los tribunales.
No estamos hablando de una causa menor. Se trata de un desfalco multimillonario, de un mecanismo sistemático de corrupción donde se usó el aparato del Estado para beneficiar a Lázaro Báez, empresario amigo y testaferro, con contratos viales fraudulentos durante los gobiernos kirchneristas.
Y mientras la Justicia da señales de que el blindaje político se empieza a resquebrajar, los militantes del relato ya salieron a victimizarla. Como siempre, el manual K: negar, culpar a otros, hablar de persecución y repetir la palabra “democracia” como si eso lavara los delitos.
Lo más alarmante no es solo que Cristina haya saqueado el país, sino que todavía hay dirigentes que la defienden y le rinden pleitesía, como si fuera una prócer. En Tucumán, sin ir más lejos, figuras del peronismo local como Osvaldo Jaldo y sus laderos no pierden oportunidad para respaldarla, escondiéndose bajo discursos de “unidad” y “compromiso con el pueblo”. ¿Unidad para qué? ¿Para protegerse entre ellos mientras millones de argentinos siguen empobrecidos?
La casta está nerviosa. La Justicia avanza. Y por más que pataleen, marchen o se refugien en sus discursos nostálgicos, los tiempos cambiaron. Los argentinos están hartos de la impunidad, del acomodo, de la corrupción disfrazada de “modelo nacional y popular”.
Cristina debe rendir cuentas. Y este puede ser, finalmente, el principio del fin del kirchnerismo como sinónimo de impunidad.
