La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de mayoría (77 firmas) del nuevo Régimen Penal Juvenil. Hubo fuertes críticas de la izquierda y del kirchnerismo hacia la baja de imputabilidad y el Gobierno nacional.
Aunque con cambios, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría para la iniciativa que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Lo logró con el respaldo del bloque del PRO y otras fuerzas: la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, sectores disidentes de Encuentro Federal como Juan Brügge, Alejandra Torres —quien pidió garantizar los fondos para las provincias—, Oscar Agost Carreño, y los radicales críticos de Democracia para Siempre
El radical Pablo Juliano aclaró: “Dejamos en claro que este no es el proyecto enviado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo que estamos dictaminando no es el proyecto del Poder Ejecutivo, sino el del Congreso argentino, ya que se incorporaron aportes de más de quince iniciativas de distintos bloques”.
El diputado Fernando Carbajal afirmó: “Este dictamen rechaza el eslogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto. Esa frase, repetida por operadores del Gobierno y por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, es repudiada. El régimen de penas que establece este proyecto no contempla esa barbaridad”.
El plenario de comisiones fue presidido por Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal), con participación de José Luis Espert (Presupuesto), Manuel Quintar de LLA (Justicia), y Roxana Reyes de la UCR (Familias, Niñez y Juventudes). Reyes subrayó: “Este Régimen Penal Juvenil tiene una función resocializadora, educativa y de contención. Debemos llegar a tiempo para que los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal tengan una oportunidad real de resocialización”.
Rodríguez Machado agregó: “Este proyecto salda una deuda histórica. Con esta ley, Argentina garantiza sanciones proporcionales para los menores que cometan delitos, sin dejar de lado su resocialización. Es un paso fundamental hacia una justicia más equilibrada y humana”.
Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli expresó: “Se crea un Régimen Penal Juvenil con garantías procesales que hoy los jóvenes no tienen: derecho a defensa, debido proceso, derecho a ser oídos. El enfoque es socioeducativo, no punitivo”.
El proyecto destaca los principios de legalidad, debido proceso y derecho a defensa desde el inicio. Se aplica el in dubio pro minoris, interpretando siempre en favor del menor. Establece la proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas restrictivas de libertad, priorizando la resocialización y la educación. La privación de libertad es la última instancia y solo se permite en establecimientos especializados. Se garantiza la participación activa del adolescente y su derecho a ser oído, respetando el rol de las familias. Se asegura también celeridad procesal y el derecho del menor a expresar públicamente su situación, si así lo desea.
Laura Rodríguez Machado, diputada nacional Pro, encabezó los debates por el nuevo Régimen Penal Juvenil. Foto Cámara de Diputados
Uno de los puntos clave del proyecto es el reconocimiento de los derechos de las víctimas como sujetos activos en el proceso penal juvenil. Tendrán derecho a ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico, acceder a asistencia psicológica desde el inicio del proceso, participar en mediaciones penales juveniles (siempre con su consentimiento) y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, lo que implicará la revisión por parte de un fiscal superior. También se contempla la responsabilidad civil de los padres o representantes legales del imputado y su participación en la suspensión del juicio a prueba.
Desde el PRO, Cristian Ritondo afirmó: “Logramos dictaminar la baja de edad de imputabilidad a 14 años, algo que venimos impulsando hace años. Estudiamos el tema, presentamos nuestro proyecto y hoy dimos un paso más para su tratamiento en el recinto. El que comete un delito debe enfrentar las consecuencias para terminar con la impunidad”.
Para la radical Soledad Carrizo, “En pocos meses, la ley 22.278 —sancionada en la dictadura— cumplirá 45 años. Ha recibido numerosas declaraciones de inconstitucionalidad y críticas de especialistas, académicos y organismos internacionales. Hace 9 meses comenzamos a trabajar sobre el proyecto del Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal para adolescentes”.
Manuel Aguirre, de Democracia para Siempre y autor de una de las iniciativas, declaró: “Lo primero que puse en los artículos fue la necesidad de crear institutos adecuados para cumplir las sanciones. No pueden ser cárceles. Estos institutos deben contar con herramientas que permitan al adolescente reconducir su conducta, algo que hoy falta”.
Plenario diputados por el nuevo Régimen Penal Juvenil . Foto Cámara de Diputados
En el Frente de Izquierda, Christian Castillo rechazó el proyecto: “Es una bomba de humo que no resuelve nada. En países donde se bajó la edad de imputabilidad no disminuyó el delito”.
Unión por la Patria (UxP) intentó postergar la firma del dictamen, argumentando que el debate no estaba agotado. “El tema no está maduro”, dijo su jefe de bloque Germán Martínez.
La Conferencia Episcopal envió cartas a los diputados nacionales solicitando que no se baje la edad de imputabilidad, pero no fue escuchada en el último plenario.
Penalidades del nuevo régimen
El nuevo sistema establece sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas que promuevan la rehabilitación del adolescente. Entre las medidas complementarias se incluyen: asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral. También sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima. La privación de libertad se reserva solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena, y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios. Los adolescentes serán alojados en institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos.
El proyecto también contempla la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado.La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa. En estos casos, el adolescente deberá reparar el daño y realizar tareas comunitarias.
Si se dispone la privación de libertad, el alojamiento será en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva. Se garantizará el acceso a educación, salud, recreación, cultura y religión, y se prohibirá expresamente el contacto con adultos. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia.
Fuente: TN
