Javier Milei, sus funcionarios y distintas entidades piden eliminar ingresos brutos y las tasas municipales. Estos son los puntos de vista de economistas y políticos.
La presión por parte de Milei y su Gabinete crece. Desde que comenzó el año, los funcionarios del Gobierno nacional reclaman a los gobiernos locales una baja impositiva. La demanda se concentra en Ingresos Brutos, tributo que genera la mayor recaudación a las provincias, pero también se extiende a las tasas municipales. En esta, Jaldo no se alinea a Milei.
El presidente Javier Milei planteó que su objetivo es la reducción impositiva, señalada como pieza fundamental de la hoja de ruta libertaria. Inmediatamente después, el ministro de Economía, Luis Caputo, cargó contra las provincias y municipios para pedir reducción del gasto público y baja de la carga fiscal. Según la mirada de las autoridades nacionales, la recuperación de la economía vendrá del desarrollo del sector privado y de la reducción del Estado. Es por esto que, tras conseguir controlar la inflación, buscan seguir reduciéndola y quitar impuestos. Teniendo en cuenta que ya de por sí la inflación es un impuesto no lesgislado y extremadamente distorsivo.
La receta sugerida es bajar gastos y tributos para generar lo que podría ser un “círculo virtuoso”. “Nosotros lo estamos haciendo, ustedes también deben seguir ese camino” se plantea cada vez con más insistencia desde Casa Rosada. En la misma lógica se expresaron las entidades bancarias, el sector agropecuario y empresas de peso internacional – y político – como Mercado Libre.
Más allá de los deseos y peticiones del gobierno de Milei, la mayoría de las autoridades del interior del país rechaza el planteo. Aunque algunas provincias, como Entre Ríos y Chubut, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunciaron bajas impositivas, el resto no parece dispuesto a seguir ese camino. Primero, en silencio, y ahora públicamente, varios de ellos le reclaman al gobierno federal por la “motosierra” y advierten que tuvieron que hacerse cargo de áreas que dejaron de atenderse por los recortes dispuestos por la administración Milei. Jaldo se ubica en este lote, el de aquellos mandatarios que se niega a bajar el tributo provincial.
La polémica impacta en Tucumán, donde no solamente Osvaldo Jaldo omite los pedidos nacionales, sino que también la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, dijo que “no va a ceder ni un peso”. En la Legislatura, los bloques opositores quieren debatir el tema y formalizaron varios proyectos que van desde una reforma integral a eliminación de tributos. Sin embargo, todo esto aún se encuentra verde y no parece florecer, al menos en el corto plazo, desde el edificio vidriado de Barrio Norte.
Desde hace varios años, Tucumán está entre las provincias con mayor presión impositiva del país. Los datos muestran que, luego de Misiones, la provincia gobernada por Jaldo es la que más presión ejerce sobre els ectori privado.
Un informe nacional de la Unión Industrial Argentina (UIA), de 2024 puso el foco en la retención de Ingresos Brutos aún para empresas que no tienen sede en el territorio provincial. En el mismo sentido se expresaron las cuatro entidades que agrupan a los bancos que operan en el país. En relación a las tasas municipales, los empresarios colocaron a las intendencias tucumanas al tope del listado de zonas en las que mayor incidencia tiene el cobro del tributo, en especial aquel que se paga por la habilitación comercial.
Un informe de la organización “Civitas, gobierno digital” plantea otro horizonte sobre el debate abierto. Los cambios culturales y económicos imponen una revisión de conceptos. En el mundo han comenzado a explorarse nuevas alternativas que incluyen tasas vinculadas con la promoción del cuidado del medio ambiente, denominadas verdes, u otras opciones en las que la alícuota de cobro se relaciona con el logro de resultados. En la agenda, también aparecen definiciones para atender al crecimiento de plataformas digitales y buscan definir cómo estas contribuyen a servicios territoriales en los que no llegan a tener una sede física. Por ahora, la discusión en la Argentina y en Tucumán parece ser sólo por la caja. El debate recién comienza.
La apalabra de eocnomistas y políticos
Javier Curcio – Director del Departamento de Economía (UBA) dijo en contacto con La Gaceta
El ajuste fiscal es contundente. Durante todo 2024 el gasto primario – aquel que contabiliza todos los desembolsos que realiza el sector público sin considerar los pagos relacionados con la deuda – se contrajo 4,6 puntos del producto respecto de 2023. El gasto de la administración pública nacional, en tanto, se contrajo dos puntos más. Venimos de una brusca reducción del tamaño del Estado, medida necesaria y consecuente con el agotamiento del financiamiento. Del lado de los ingresos a las arcas públicas, la presión tributaria en 2024 se mantuvo en niveles levemente superiores a los de 2023. La presión tributaria de la administración nacional es de 22,8 puntos del producto y eso también viene aumentando en relación con años anteriores.
Este ajuste a nivel federal es acompañado con fuertes recortes en provincias y municipios que cada vez tienen menos disponibilidad de recursos. No tienen otra opción que reducir sus gastos, aún en sentido contrario a sus propias decisiones y autonomía. El problema que tienen estos niveles de restricciones en el gasto público, y más aún en Argentina, es que enfrían la economía. Se generan situaciones de recesión muy marcadas.
Es cierto que era necesaria una reducción de los desequilibrios, pero también lo es que el nivel y el ritmo de reducción del gasto requiere de una sintonía fina. Hay una sensibilidad en la toma de decisiones que claramente la actual gestión no tiene. La motosierra, la licuadora o los distintos “electrodomésticos” que se utilizan para explicar la política económica, no garantizan la recuperación y la solución de los problemas de fondo que se mantienen aún.
El desafío general es conseguir descentralizar lo que hay que descentralizar, mantener centralizado lo que hay que centralizar y adecuar el financiamiento de los tres niveles del Estado. Hay que buscar que Nación cobre los impuestos que tienen que ser cobrados de manera centralizada, que se traslade a nivel de provincias sólo los impuestos que sean necesarios y a los municipios le quedará cobrar las tasas que son respuestas a la prestación de los servicios directos al ciudadano.
¿Cómo se logra eso? Es bien complejo, nada es producto de la motosierra y de las bravuconadas, sino que necesitamos consensos para articular y coordinar quién hace qué, cómo organizamos sistemas de transferencias de coparticipación razonables. Ese es un debate pendiente en la Argentina desde hace tiempo. Todo eso requiere de cohesión, de legitimación, de diálogo que lamentablemente no es el camino que adopta el Gobierno.
Miguel Palou – Economista, Consultora Pizavil
El Gobierno nacional presiona a las provincias para que sigan su ejemplo. Esta estrategia, por más lógica que parezca, despierta dudas: ¿se trata realmente de una apuesta por la descentralización fiscal o es un intento de subordinación política?
Desde una mirada libertaria, la idea de un Estado más pequeño choca con un federalismo clientelar. Muchas provincias dependen de estructuras sobredimensionadas e ineficientes, acostumbradas a gestionar sin incentivos para mejorar.
El desafío general es conseguir descentralizar lo que hay que descentralizar, mantener centralizado lo que hay que centralizar y adecuar el financiamiento de los tres niveles del Estado. Hay que buscar que Nación cobre los impuestos que tienen que ser cobrados de manera centralizada, que se traslade a nivel de provincias sólo los impuestos que sean necesarios y a los municipios le quedará cobrar las tasas que son respuestas a la prestación de los servicios directos al ciudadano.
¿Cómo se logra eso? Es bien complejo, nada es producto de la motosierra y de las bravuconadas, sino que necesitamos consensos para articular y coordinar quién hace qué, cómo organizamos sistemas de transferencias de coparticipación razonables. Ese es un debate pendiente en la Argentina desde hace tiempo. Todo eso requiere de cohesión, de legitimación, de diálogo que lamentablemente no es el camino que adopta el Gobierno.
Alejandro Sangenis (h) – Ex concejal de Yerba Buena, PJ
Es fácil ser generoso con billetera ajena. La Constitución establece un sistema federal. Las provincias y los municipios gozan de autonomía, y tienen el poder originario en materia tributaria.
Los tributos no son un fin, son un medio para que el Estado pueda cumplir con los servicios que le competen. Esto entra en pugna con la mirada libertaria, Hay asuntos de los que el “mercado” no se hará cargo.
El Gobierno nacional tiene una gran habilidad en la comunicación. Hoy intenta hacerle creer a la sociedad argentina que los culpables de todos los males son las provincias y los municipios, cuando en el gasto público global, la mayor incidencia es de la Nación.
Es necesario una reforma impositiva? Claro que sí, pero desfinanciar a los municipios y provincias implica destruir a los gobiernos subnacionales. En otras palabras, se busca la eliminación del Estado.
Érica Silvana Stöckl – Presidente del Colegio de Ciencias Económicas
Una de las preocupaciones que se mantiene es la cada vez mayor presión fiscal por el incremento de las cargas que provienen de varias administraciones y que son concurrentes. Por el lado de las tasas municipales, por ejemplo, tenemos el TEM. Su base son los ingresos al igual que Ingresos Brutos. Por otra parte, la Provincia dispuso una revalorización de las propiedades inmuebles desde un 30 % al 150 %. Se pretende cobrar el 0,9% de la valuación y la municipalidad de San Miguel de Tucumán por ejemplo, fija el 1,10 % también sobre las valuaciones.
Por supuesto a esto se debe agregar lo que significa abonar impuestos nacionales. Los cambios son necesarios, pero antes de reducciones o propuestas parciales o parches sería más conveniente hacer un real análisis del sistema tributario bajo la mirada federal en la que se organiza nuestro país.
Sandra Manzone – Ex concejal, Coalición Cívica
El artículo 135 de la Constitución de la provincia establece que los tributos y tasas municipales deben respetar los principios de equidad, proporcionalidad y progresividad. Esa sola mención ya impone un debate.
En la ordenanza tarifaria de San Miguel de Tucumán, se observa que se castiga con alícuotas elevadas a determinadas actividades. Esto se traduce en el encarecimiento de los productos y servicios, haciendo menos competitiva las actividades, incluso en comparación con municipios y comunas rurales vecinas. Es el propio Estado el que genera asimetrías económicas. Se hace necesario transparentar el cobro de tasas y tributos municipales, de tal manera que el vecino sepa evitando conceptos genéricos y poco claros.
El debate que se plantea puede ser una buena oportunidad para aliviar la pesada carga de los ciudadanos tucumanos y mejorar la gestión pública
