La Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, presidida por el legislador Gabriel Yedlin, dictaminó favorablemente un proyecto de ley que busca prorrogar la vigencia de la ley N° 9405, la cual suspende las ejecuciones de vehículos de usuarios de planes de ahorro hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, esta decisión ha sido cuestionada por empresarios locales, quienes advierten que la prórroga de esta ley perjudica a la provincia al generar inseguridad jurídica. Aseguran que la imposibilidad de ejecutar contratos afecta negativamente el clima de inversión y desalienta el desarrollo económico en Tucumán.
“Esta extensión crea un precedente preocupante donde los contratos pueden ser suspendidos indefinidamente, lo que nos impide planificar y realizar inversiones a largo plazo”, manifestó un representante del sector automotriz. “No podemos invertir en un contexto donde no se respetan las garantías legales básicas”.
Además, señalan que la medida también perjudica a los propios deudores. “Los usuarios están disfrutando de un vehículo que cada vez vale menos debido a la depreciación. Cuando finalmente se ejecute el contrato, quedarán con una deuda mayor y corren el riesgo de perder sus casas u otros bienes para saldarla”, explicó un analista financiero. “La prórroga solo está postergando un problema que podría tener consecuencias más graves en el futuro para los mismos consumidores”.
Yedlin explicó que “hubo un pedido de la Defensoría del Pueblo para prorrogar por un año más una situación de mucha dificultad que tienen miles de tucumanos vinculados a planes de ahorro en la compra de automóviles”. Añadió que “hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación brinde una definición de fondo, se busca evitar que los vehículos sean secuestrados”.
No obstante, los empresarios insisten en que prolongar la suspensión de las ejecuciones solo agrava la falta de confianza en el sistema legal provincial. “Entendemos las dificultades de los usuarios, pero necesitamos que se respeten los contratos para garantizar un ambiente propicio para las inversiones”, señalaron.
El presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, evaluará la inclusión del tema en la próxima sesión parlamentaria. Mientras tanto, el sector empresarial espera que las autoridades consideren el impacto negativo que esta prórroga podría tener en la economía local y en la generación de empleo.
“Este tipo de medidas con tintes populistas perjudica la imagen de la provincia ante los sectores empresariales y productivos, ya que la falta de reglas claras desalienta las inversiones tanto locales como extranjeras. Además, va en contra del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al cambiar las reglas del juego y generar incertidumbre para los inversores.
En contraposición de las ideas y promociones nacionales de tinte libertario afectando de forma directa el derecho de propiedad”, concluyeron los empresarios, haciendo un llamado a las autoridades para buscar soluciones que no perjudiquen el desarrollo económico de la provincia.
