En el marco de la iniciativa liderada por Javier Milei para reducir el déficit fiscal, el Gobierno ha anunciado la eliminación de más de 120.000 pensiones por invalidez laboral. Esta decisión surge tras un exhaustivo proceso de auditoría impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que busca depurar el sistema y erradicar presuntas irregularidades en la concesión de estos beneficios.
Según Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, la medida afectará a casi la mitad de los beneficiarios registrados, quienes “no cumplirían” con los requisitos mínimos para acceder a este tipo de asistencia estatal. Se estima que entre 120.000 y 160.000 pensiones serán suspendidas en los próximos meses, en un esfuerzo por asegurar que solo aquellos que realmente necesitan el apoyo continúen recibiéndolo. Además, la auditoría apunta a esclarecer casos con irregularidades, como beneficiarios con bienes no declarados, empleos formales o documentación sospechosa.
Esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno para mantener el superávit fiscal mediante la depuración y reducción de pagos en prestaciones de seguridad social, un área clave en los ajustes implementados por el presidente Milei desde que asumió en diciembre pasado.
La revisión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, liderada por ANDIS en colaboración con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, abarca a unos 400.000 beneficiarios en todo el país. El proceso, que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha extendido a la provincia de Buenos Aires y otras regiones.
Los resultados preliminares de las auditorías revelan que entre el 30% y el 40% de los casos revisados podrían terminar en la suspensión de los beneficios otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estas pensiones, que representan el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina, han sido objeto de un escrutinio más riguroso en los últimos meses debido a la detección de numerosas irregularidades.
Las suspensiones se basan en inconsistencias descubiertas en la concesión de beneficios durante administraciones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos mostró que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión. Entre las anomalías encontradas se incluyen documentación médica falsificada, radiografías reutilizadas en varios expedientes y concesiones a personas que no cumplen con los criterios de invalidez laboral. Asimismo, se identificaron incompatibilidades en aproximadamente el 35% de las pensiones otorgadas, como la posesión de bienes no declarados, empleo formal y condiciones médicas que no justifican la invalidez.
Los principales afectados por esta medida serán aquellos que no cumplan con los requisitos para recibir una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este tipo de pensión está destinado a personas que, debido a problemas de salud o vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Además, el Gobierno subraya que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios estatales, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
En resumen, los beneficiarios que no justifiquen adecuadamente su condición de salud, posean bienes significativos o tengan empleo formal, verán suspendidos sus beneficios, así como aquellos con documentación sospechosa o fraudulentamente presentada.
