Los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón, de Fuerza Repúblicana, realizaron un pedido para que Tucumán comienze a cobrar la atención médica a personas extranjeras, como actualmente ya ocurre en la provincia de Salta desde este año. En Jujuy ya existe una ley que establece el cobro a extranjeros pero no es aplicada. Por su parte Santa Cruz confirmó que también busca establecer este arancelamiento y en Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba se enviaron proyectos de ley para que sea tratado en las legislaturas provinciales.
“Es necesario cambiar esta política, porque repercute directamente en la atención que debemos darle a nuestros propios ciudadanos, que se ve muchas veces postergada por encontrarse colapsada en su capacidad logística financiera, y mientras un argentino no puede ser atendido, hay un extranjero no residente que ocupa su lugar.
“Esta política de nuestro país en la gratuidad universal de su salud pública, necesariamente ha insumido cuantiosos costos que pagan todos los argentinos, situación que entendemos -en la actual coyuntura que estamos atravesando-, debe necesariamente dar un vuelco rotundo e inmediato. No se trata de negar atención a los extranjeros, sino de no hacerlo más en forma gratuita. Ni tampoco a todos los extranjeros, ya que hay quienes se han asentado en nuestro país, y tienen residencia permanente, viven aquí¬, educan a sus hijos aquí ¬, y trabajan en nuestro país. Se trata de no regalar nuestros recursos, que no es otra cosa de la plata de nuestros contribuyentes, a aquellos extranjeros que se abusan de esta política tan benévola, y usan nuestro servicio de salud para atenderse gratis, porque a ellos también, en sus propios países, les cobran por atenderse”, dijeron desde el espacio.
“En tiempos actuales, la necesidad de reorganizar y administrar mejor los recursos públicos es urgente. Esperamos que nuestra idea prospere en Tucumán”, finalizaron.
Desde que se cobra la atención, cayó más de un 80% la concurrencia de extranjeros a los hospitales de Salta
El cobro de la atención a los extranjeros que acuden a los hospitales públicos de Salta derivó en una notable caída de la concurrencia por parte de las personas que no tienen residencia en esa provincia del norte argentino.
Según las cifras que confirmaron fuentes del Ministerio de Salud provincial a Infobae, las consultas bajaron de un promedio diario de 30 personas en los principales nosocomios, a menos de 10.
Esa reacción se observa de manera clara en los hospitales de Tartagal y Orán, dos localidades salteñas que limitan con Bolivia. Allí, el Gerente de hospitales de Orán, Fabián Valenzuela, confirmó que sólo durante marzo la concurrencia cayó estrepitosamente. El funcionario aclaró que depende de la época, pero de un promedio de atenciones diarias de entre 20 y 30, en marzo se atendieron sólo 6.
Este fenómeno se repite en los 52 hospitales públicos, de distintos niveles, con los que cuenta la provincia, según corroboraron desde el Ministerio de Salud local. Parte de la explicación puede hallarse en los montos que se conocieron de los valores que tienen las atenciones. Desde la cartera sanitaria de la provincia confirmaron a este medio, a modo de ejemplo, el costo de algunos módulos:
$100.000 por día de internación
$190.000 internación en salas intermedias
$250.000 internación en terapias intensivas
$245.000 por parto
$250.000 por internación terapia neonatal
La decisión de exigir el pago de las atenciones a las personas que no residen en la provincia se oficializó el último día de febrero de 2024. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, explicó que se trata de una medida que apunta a recuperar entre el 5 y el 10% del presupuesto anual que el Estado provincial destina a la Salud pública. “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”, había argumentado el mandatario provincial.
La decisión se implementó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 129/2024. Allí se distinguen cuatro categorías de pacientes para establecer el criterio: residentes permanentes, temporarios, transitorios y precarios.
En estas dos últimas clasificaciones entran las personas a las que el gobierno local les exige solventar las prestaciones.
