Mientras la Fiscal Mariana Rivadeneira sigue adelante con la investigación sobre la venta ilegal de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social, La jueza que entiende en la causa dispuso que tres de las cuatro personas que fueron detenidas poco después de que el caso tomara estado público, queden en libertad.
La pesquisa comenzó en enero, cuando el ministro de Desarrollo Social Federico Masso denunció la venta de la mercadería destinada a particulares y organizaciones no gubernamentales y sociales para comedores y merenderos, situación que fue confirmada por el fiscal de feria Ignacio López Bustos, quien obtuvo de un juez la orden para ejecutar varios allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán.
En esos operativos no sólo se secuestraron víveres, sino que quedaron detenidos Hugo Adrián y Juan Ernesto Juárez e Ivana Vanesa Sánchez, todos imputados por encubrimiento y alcanzados por la disposición de iun magistrado que les aplicó la prisión preventiva. En el caso de la mujer fue con la modalidad de arresto domiciliario.
Detuvieron a un hombre que vendía mercadería de comedores escolares al costado de la ruta 9
Días después, en otra audiencia, la auxiliar fiscal Mónica Torchán solicitó el cese de prisión en contra de los tres imputados, argumentando que ya se habían agotado las tareas de investigación y que no había riesgos procesales para que continuaran tras las rejas, incluyendo además la solicitud de una caución de $ 1 millón para cada uno.
El abogado defensor Gustavo Morales aceptó el planteo y la jueza Elizabeth Raddi terminó ordenando la liberación de los acusados, que de todas formas seguirán ligados al proceso.
La suerte de los otros detenidos por este caso es diferente, ya que Rosa Margarita Ibáñez fue acusada del mismo delito, pero su defensora Agustina Recalde consiguió que no le dicten la prisión preventiva.
En su casa de Villa 9 de Julio hallaron los víveres que le habría entregado Marcos Soria, vinculado al concejal Emiliano Vargas Aignasse ya cesanteado en la Legislatura por este caso.
El hombre, que es asistido por Víctor Padilla, es el único privado de su libertad, pero en los próximos días también podría cambiar su situación procesal.
La Justicia mientras tanto, continúa analizando la ruta de los víveres para encontrar a los responsables, mediante la solicitud de datos en distintas fuentes.
A las autoridades de Desarrollo Social se les pidió que detallen cuál es la cantidad de mercadería que adquirió y cuánto se pagó desde marzo a diciembre de 2023.
A la empresa Piedra de Hacha, contratada por el Gobierno como depósito de los alimentos, se le requirió que detalle la mercadería que le fue remitida para acopio y distribución.
Los funcionarios de Desarrollo Social tendrán quedetallar quiénes recibían las órdenes para retirar la mercadería., datos que se relacionarán con la información que deberá presentar Hacha de Piedra.
Los investigadores ya establecieron que no había ningún control estatal en la entrega de mercadería del depósito y que no todos hacían la rendición en tiempo y forma sobre el reparto de lo recibido.
Se cree que personas no autorizadas, como Soria que retiraba los víveres a nombre de una asociación a la que no pertenece, se quedaban la mercadería para venderla.
