El Gobierno de Javier Milei continúa cumpliendo con su mandato de ordenar las cuentas públicas y desmantelar el Estado elefantiásico heredado del kirchnerismo. En una demostración contundente de eficiencia en el gasto, se anunció que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, la administración libertaria recortó un total de 58.797 puestos en el Estado.
Según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, las bajas corresponden en su mayoría a los tristemente célebres “ñoquis” y a empleados militantes kirchneristas, que durante años utilizaron las arcas públicas como una unidad básica en lugar de prestar servicios a los ciudadanos.
El ajuste, que fue constante y profundo, afectó principalmente a la Administración centralizada y descentralizada, así como a las deficitarias empresas públicas, que durante la gestión anterior sirvieron como aguantaderos de la política.
Esta medida es una parte central de la estrategia del Gobierno para achicar el Estado y reducir drásticamente el gasto público. El objetivo es claro y fue una promesa de campaña: generar el alivio fiscal necesario para continuar con la política de reducción de impuestos, beneficiando directamente al sector privado y a los trabajadores que financian el sistema.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos de la reforma, celebró los avances en su cuenta de X y ratificó el rumbo: “Seguimos reduciendo el Estado para poder seguir bajando impuestos. VLLC!”.
El ahorro que esta limpieza de la planta parasitaria genera es monumental. Cifras oficiales de julio ya indicaban que, solo en sueldos, la reducción representaba un ahorro anual de 1.053 millones de dólares. Esta cifra asciende a 2.106 millones de dólares si se incluyen los gastos asociados que el kirchnerismo despilfarraba en infraestructura, oficinas, equipos y servicios para puestos innecesarios.
Durante décadas, la creación masiva de empleos públicos respondió exclusivamente a fines políticos y clientelares, generando un Estado sobredimensionado, deficitario e ineficiente. El Gobierno de Milei, por el contrario, ha priorizado la eficiencia y la reducción de estructuras innecesarias, cumpliendo con el objetivo de terminar con el déficit fiscal y allanando el camino para la baja de impuestos que beneficia a toda la sociedad.
