El Gobierno de la provincia de Tucumán ha formalizado el contrato de leasing con las empresas de transporte público nucleadas en AETAT para la adquisición de 100 nuevos colectivos. Según el decreto 353/8 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, las compañías tendrán un plazo de 36 meses para devolver los fondos utilizados en la compra de las unidades, a través de cánones mensuales descontados de los subsidios provinciales que reciben.
El contrato de leasing fue establecido como la herramienta legal para llevar adelante esta operación. Este tipo de contrato permite a los empresarios utilizar los colectivos mediante el pago de cuotas periódicas y, al finalizar el período acordado, pueden optar por adquirirlos a un precio previamente estipulado. La gestión de los contratos fue delegada a la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial, y la firma se realizó ante la Escribanía de Gobierno.
La financiación se estructuró mediante el sistema de amortización alemana, donde las cuotas incluyen pagos fijos y variables, y los intereses se calculan sobre el capital restante. Durante los primeros períodos, los intereses serán más elevados y disminuirán con el tiempo. La tasa de interés aplicable será la que publique mensualmente el Banco Nación. En caso de incumplimiento en los pagos, la mora será automática y se aplicará un interés punitorio equivalente al 50% de la tasa de interés vigente.
El Gobierno de Tucumán, en su rol de titular de las unidades, mantendrá la propiedad de los colectivos hasta que los empresarios completen los pagos y efectúen la transferencia de dominio. Adicionalmente, si una empresa decide adquirir el vehículo de manera anticipada, podrá ejercer la opción de compra tras abonar al menos el 50% de los cánones establecidos. Asimismo, deberán informar con 60 días de anticipación si optan por comprar el colectivo o devolverlo al final del contrato.
En cuanto a la seguridad y mantenimiento de los colectivos, las empresas de transporte asumirán la responsabilidad total sobre los vehículos. En caso de robo, hurto, pérdida o destrucción, deberán indemnizar al Gobierno provincial. Si se requiere una reparación, el contrato seguirá vigente sin reducción en los cánones y la empresa deberá hacerse cargo de los costos de reparación. Por otro lado, el Gobierno no se responsabiliza por defectos de fabricación, calidad de los vehículos, ni disponibilidad de repuestos o accesorios; cualquier reclamo deberá dirigirse directamente al fabricante.
La distribución de los colectivos entre las distintas empresas fue establecida en acuerdo con AETAT y de acuerdo con las características técnicas y proveedores de las unidades. El decreto establece que los vehículos fueron adquiridos a tres proveedores principales:
- Autobus S.A. entregó 50 unidades a 22 empresas, destacándose El Ceibo SRL y El Galgo SRL con seis colectivos cada una, seguidas por El Córcel SRL y T.A. Cruz Alta SRL con cinco unidades cada una. Las restantes compañías recibieron entre una y tres unidades.
- Colcar Merbus S.A. suministró 30 colectivos a 18 empresas. Florida SRL recibió la mayor cantidad con cinco unidades, seguida por Villa Gloria SRL con tres. El resto de las firmas obtuvieron entre una y dos unidades.
- Amarela S.A. distribuyó 20 unidades entre tres empresas: MA.LE.BO. SAS y Tandilense SRL recibieron nueve colectivos cada una, mientras que Leagas S.A. obtuvo dos.
El contrato de leasing establece que el pago de los colectivos se realizará mediante descuentos automáticos del Fondo de Compensación Provincial, regulado por la Ley N° 9.773 y sus decretos complementarios. Cabe recordar que el año pasado la provincia subsidió a las empresas de AETAT con un promedio de $3.000 millones mensuales, tras la eliminación de los fondos nacionales por parte del Gobierno de Javier Milei.
Con esta operatoria, el Gobierno provincial busca garantizar la continuidad del servicio de transporte público sin incrementos inmediatos en el valor del boleto, asegurando además la modernización de la flota de colectivos en Tucumán.
