El Gobierno Nacional decidió este jueves remover de su cargo al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, en medio de cuestionamientos internos a su gestión. Según fuentes oficiales, las razones principales de su desplazamiento fueron los “abultados gastos” que habría generado su administración y la intervención del organismo en causas judiciales que excedían su función. En su reemplazo, el Ejecutivo designó al fiscal federal Paul Starc, quien aceptó el cargo.
Desde la Casa Rosada argumentaron que la UIF no debería actuar como querellante en causas judiciales, una práctica que consideraron discrecional y fuera de la competencia natural del organismo antilavado. “Para eso están los fiscales”, señalaron fuentes gubernamentales, indicando que los últimos gobiernos utilizaron la UIF con fines políticos. Entre los expedientes en los que el organismo se había presentado como querellante figuran Hotesur-Los Sauces, que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, la causa de los cuadernos de las coimas y un proceso contra el exfuncionario Martín Insaurralde.
El Gobierno también criticó la gestión de Yacobucci en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización clave en la supervisión del cumplimiento de normativas antilavado a nivel mundial. Según fuentes oficiales, su desempeño fue “deficiente”, y si bien Argentina evitó ingresar en la “lista gris” del organismo, la administración libertaria consideró necesario realizar cambios en la UIF para mejorar su funcionamiento y alinearlo con estándares internacionales. “Necesitamos gente idónea para implementar rápidamente todas las medidas que exige el GAFI”, afirmaron.
Otro de los puntos que motivaron su salida fueron los presuntos gastos elevados en viáticos y viajes internacionales. Según informaron desde el Ejecutivo, “se llamó la atención en diversas ocasiones sobre las enormes comitivas y los vuelos en primera clase”. Como ejemplo, mencionaron un intento de viaje a Paraguay a fines de 2023, que habría sido solicitado en primera clase y con una numerosa delegación. Desde el entorno de Yacobucci negaron estas acusaciones y aseguraron que los vuelos fueron realizados en clase económica y aprobados por el Ministerio de Justicia. Además, justificaron los desplazamientos como parte del proceso de evaluación del GAFI.
El fiscal Paul Starc, ex de Eugenia Talerico, designado en su reemplazo, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito judicial. Ha ejercido funciones en los tribunales federales de Comodoro Py y también en el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Se desempeñó en la Subsecretaría de Inteligencia Criminal bajo la conducción de Carlos Stornelli, cargo en el que estuvo involucrado en la investigación del caso Pomar en 2009. Más recientemente, trabajó en causas como la que llevó al procesamiento del juez Martín Poderti, acusado de robar monedas de oro.
María Eugenia Talerico se desempeñó como vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina entre 2016 y 2020, durante la presidencia de Mauricio Macri. En su gestión, trabajó en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, promoviendo reformas para fortalecer la transparencia financiera y mejorar la cooperación con organismos internacionales.
Su paso por la UIF estuvo marcado por denuncias sobre irregularidades en gestiones anteriores y por un enfoque más estricto en el control de operaciones sospechosas. Sin embargo, también fue denunciada por presuntamente encubrir a un grupo de kirchneristas investigados por lavado de dinero. Tras el cambio de gobierno en 2019, dejó su cargo y se convirtió en una fuerte crítica de la nueva conducción del organismo.
Desde la administración libertaria destacaron que el nombramiento de Starc responde a la necesidad de modernizar la UIF y ajustar su accionar a los parámetros internacionales. También enfatizaron que el GAFI ha cuestionado el rol de querellante del organismo antilavado y que solo dos países en el mundo mantienen esa práctica: Argentina y México. Sin embargo, en México esta facultad no se aplica debido al riesgo de atentados que ha generado en el pasado.
En el entorno de Yacobucci calificaron su remoción como un “baldazo de agua fría” y desmintieron las acusaciones en su contra. Argumentaron que su trabajo permitió que Argentina evitara sanciones del GAFI y criticaron el manejo del Gobierno en la UIF, señalando que en menos de un año se han removido dos autoridades del organismo. También expresaron que si la intención del Ejecutivo es que la UIF deje de querellar, debería emitirse un decreto que establezca esta nueva política de manera oficial.
Con este cambio, el Gobierno de Javier Milei busca imprimir un nuevo rumbo en la UIF, con el objetivo de reducir su intervención en causas judiciales y centrarse en su función específica de prevención y control del lavado de activos. La administración libertaria sostiene que este ajuste es fundamental para garantizar una mayor transparencia en el accionar del organismo y alinearlo con las mejores prácticas internacionales en la lucha contra el financiamiento ilícito.
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