En la Legislatura de Tucumán se encuentra en análisis un proyecto de ley de ética pública destinado a inhabilitar a aquellas personas condenadas por delitos graves para ejercer cargos públicos. Esta iniciativa, impulsada por el bloque Compromiso Tucumán, busca legitimar y dignificar la función pública mediante la aplicación de estándares éticos más rigurosos, abarcando a funcionarios de los tres poderes del Estado y a empleados públicos en general, tanto permanentes como temporales.
El legislador Claudio Viña, presidente del espacio, lidera este proyecto junto con sus compañeros Rodolfo Ocaranza, Alfredo Toscano y Walter Berarducci. La normativa tiene un alcance amplio, aplicándose a todo el personal estatal independientemente de cómo accedan a sus cargos, ya sea por elección popular, designación directa, concursos u otros mecanismos legales. Entre las instituciones abarcadas están los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ministerios Públicos Fiscal y Pupilar, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y organismos autárquicos, centralizados o descentralizados.
La propuesta se centra en tres ejes principales:
Inhabilitación de personas condenadas por delitos graves: Esta disposición, similar al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial, busca garantizar que los ocupantes de cargos públicos no tengan antecedentes penales que puedan comprometer la confianza ciudadana en las instituciones.
Obligatoriedad de declaraciones juradas: Todos los funcionarios y empleados comprendidos en la ley deberán presentar su declaración jurada patrimonial dentro de los primeros 30 días hábiles tras asumir sus cargos. Estas declaraciones serán publicadas en el Boletín Oficial, promoviendo la transparencia.
Régimen de incompatibilidades: Se prohíbe que los funcionarios desempeñen actividades privadas que puedan generar conflictos de interés con su cargo público, como dirigir o asesorar empresas que tengan relaciones contractuales o regulatorias con el Estado.
Además, se prevé un plazo de 60 días para que quienes ya ocupen funciones al momento de entrada en vigencia de la ley cumplan con la normativa o elijan entre sus cargos y las actividades incompatibles. Este esfuerzo por regular la conducta de los funcionarios en todos los niveles busca prevenir el uso indebido de recursos públicos y el abuso de poder.
El registro de “Ficha Limpia”
El proyecto del gobernador Osvaldo Jaldo complementa esta iniciativa al proponer la creación de un registro público provincial de “Ficha Limpia”. Este registro, administrado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, permitirá el acceso público a información actualizada sobre los antecedentes de candidatos y funcionarios. La medida tiene el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar que quienes aspiren a cargos públicos cuenten con una trayectoria ética impecable.
Fundamentos éticos del proyecto
Los autores del proyecto argumentan que la ética en el sector público debe ser un pilar fundamental de la administración y de la conducta de los funcionarios. Aunque existen leyes que penalizan delitos relacionados con la función pública, muchos actos éticamente cuestionables no son tipificados como delitos, pero afectan el bienestar común. Por lo tanto, se necesita una normativa específica que regule estas conductas y promueva valores democráticos como la igualdad, la libertad y la tolerancia.
Esta iniciativa resuena con los principios defendidos por el presidente Javier Milei, particularmente en lo referente a la meritocracia y la restauración de la autoridad en el ámbito público. Milei ha enfatizado la necesidad de que los recursos del Estado sean administrados por personas capacitadas, éticas y comprometidas con el servicio al ciudadano. Esta ley refuerza esa visión, al garantizar que quienes ocupen cargos públicos no solo cumplan con los requisitos legales, sino también con estándares éticos que reflejen su idoneidad.
Asimismo, el énfasis en la transparencia, representado por la obligatoriedad de las declaraciones juradas y el registro de “Ficha Limpia”, se alinea con el objetivo de Milei de combatir la corrupción y transformar al Estado en una estructura eficiente y orientada al bien común. Bajo esta perspectiva, la ética pública no es un valor secundario, sino un requisito indispensable para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
La implementación de este proyecto podría marcar un avance significativo en la consolidación de una cultura de integridad en la administración pública. Sin embargo, su éxito dependerá de su correcta aplicación y del compromiso de los distintos actores políticos para no convertir la normativa en una herramienta de persecución o favoritismo. En un contexto donde la credibilidad de las instituciones está en crisis, esta ley representa una oportunidad para sentar las bases de un sistema más transparente y meritocrático.
En resumen, la propuesta de ley de ética pública en Tucumán no solo responde a una necesidad urgente de fortalecer la institucionalidad y la confianza pública, sino que también se alinea con los principios de autoridad y meritocracia impulsados por el actual gobierno nacional. Su aprobación y correcta implementación podrían convertirse en un modelo para otras provincias y un paso decisivo hacia una gestión pública más ética y eficiente
Fuente: La Gaceta
