Existe la posibilidad de un potencial conflicto debido a la incapacidad de los propietarios de las empresas de transporte público (líneas de colectivos) para cumplir con los acuerdos salariales previamente establecidos con los choferes en meses anteriores.
El reclamo persiste en relación a la disparidad de los subsidios otorgados en diferentes regiones del país. Según las palabras de Andrea Courtade, una empresaria del sector, "Las compañías de transporte del interior del país se encuentran al borde de la quiebra" y señaló que "los fondos disponibles se destinan principalmente a sueldos y combustible, y aún así no alcanzan para cubrir los gastos operativos".
Las negociaciones salariales con el sindicato de choferes, UTA, se reanudarán el lunes después de las elecciones, con el propósito de discutir temas relacionados con la cobertura de salud y otros beneficios para los trabajadores.
Incluso se menciona la posibilidad de un nuevo bono de $80.000, aunque las perspectivas no son alentadoras debido a que las empresas no logran cubrir sus costos operativos esenciales.
La situación en el transporte público de pasajeros continúa siendo complicada, lo que añade inestabilidad a un servicio que ya enfrenta numerosos desafíos.
